Carlos Salinas de Gortari

 

ENRIQUE PEÑA NIETO

Mandato: 01 de diciembre de 2012- 30 de noviembre de 2018
Nacimiento: 20 de julio de 1966 (53 años)
Partido político: Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Profesión: Politico

CONTRA EL NARCOTRÁFICO.

Desde diciembre de 2006 cuando el Gobierno del expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico y durante la administración de Enrique Peña Nieto que continuó la militarización en el país, las autoridades bombardearon mediáticamente con detenciones de personas consideradas clave dentro de alguna organización delictiva.

Diariamente se anunciaba la detención de “capos” que eran “líderes” de cárteles, “EL NÚMERO 2 DE LOS ZETAS”, “EL RECLUTADOR DE SICARIOS”, “el coordinador del lavado de activos” o “LA PUBLIRRELACIONISTA DEL CÁRTEL DE SINALOA”. Durante 12 años el discurso oficial fue similar.
Información obtenida por MCCI tras realizar 500 solicitudes de información durante dos años, revela que, hasta diciembre de 2018, un total de 233 personas fueron anunciadas como las más buscados o como objetivos prioritarios por presuntamente pertenecer a cárteles del narcotráfico.
Aunque se solicitó a este gobierno, conocer quiénes eran las personas más buscadas o quienes eran los objetivos prioritarios en esta administración, la Fiscalía (antes PGR) señaló en respuesta a una solicitud de información que esta administración no tenía objetivos prioritarios como la anterior, ya que en el actual gobierno “toda persona presuntamente relacionada con delincuencia organizada será investigada conforme a derecho, como cualquier otra, sin necesidad de que exista un término como objetivos prioritarios”.
Entre los detenidos más buscados figuran personajes como Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, líderes de Los Zetas; Vicente y Alberto Esteban Carrillo Fuentes, hermanos de “El señor de los cielos”, quien fuera el líder del Cártel de Juárez; Servando Gómez Martínez, fundador de los Caballeros Templarios; y Alfredo Beltrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos, entre otros.
La PGR se negó a proporcionar la información al argumentar que dar a conocerla afectaría la intimidad, honor y buen nombre de los imputados. Ante la respuesta, se interpusieron diversos recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Tras varios meses de litigio el INAI resolvió que existía un interés público por conocer el estatus legal de estas personas porque eso permitiría transparentar la estrategia nacional de política criminal.
Posteriormente, mediante solicitudes de información al PJF se lograron obtener las versiones públicas de las sentencias de los 13 presuntos narcotraficantes, donde queda en evidencia que la PGR buscó fincarles delitos de delincuencia organizada, pero las pruebas resultaron insuficientes y solo en 2 se logró demostrar ese ilícito.
MCCI obtuvo los 13 expedientes de los presuntos narcotraficantes con una sentencia condenatoria irrevocable. A través del análisis de declaraciones ministeriales, resoluciones de amparos, apelaciones, testimonios de testigos protegidos, dictámenes periciales, partes informativos, oficios de detención, estudios de personalidad, informes de antecedentes penales y estudios de grafología, se encontraron las diversas irregularidades en las que han incurrido los agentes del ministerio público y las deficiencias en la integración de las investigaciones.
De acuerdo con los 13 expedientes judiciales analizados se encontró que en 4 casos los presuntos narcotraficantes fueron detenidos en flagrancia, es decir cometiendo un ilícito, tal es el caso de Arturo Vázquez Terrazas, quien según las autoridades tenía un liderazgo similar al de Amado Carrillo, alias “El Señor de los Cielos”, en el cártel de Juárez y había sido detenido como parte de “la estrategia de seguridad”, según declaró el propio Renato Sales, excomisionado nacional de seguridad.
Un patrón recurrente es que una vez que los expedientes llegaban a los jueces federales, estos encontraron que el ministerio público aportó como prueba las declaraciones de testigos protegidos, sin embargo, los jueces consideraron que no tenían valor probatorio porque no les había constado lo narrado y lo habían escuchado de terceras personas.
En 5 casos los testigos que presentó la PGR durante el juicio se contradijeron en sus declaraciones. Otra irregularidad que se detectó en otros tres casos fue que las autoridades policiales mintieron sobre el lugar donde fueron detenidos, como en el caso de Omar Javier Llamas, del cártel de Juárez, quien según los policías fue capturado en la vía pública. Sin embargo, durante el juicio su esposa contradijo esa versión y confirmó que había sido detenido al interior de su domicilio.
Otro caso es el de Socorro Chávez Arévalo, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien era parte del cártel de Juárez. Según el Ejército mexicano también fue detenido en la vía pública, sin embargo, él y sus familiares declararon que fue detenido al interior de su domicilio cuando estaba en la cocina con su esposa y su hija.
Los jueces solo dieron sentencias por delitos menores al 6.5 por ciento de los supuestos líderes de los cárteles de la droga que fueron detenidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
Cuando aquel 12 de septiembre de 2012 el entonces jefe antidrogas Ramón Pequeño García presentó a Ramiro Pozos González ante los medios también explicó que la escisión que hubo en el 2011 en el cártel del Milenio ocasionó el surgimiento de dos organizaciones delictivas: una era La Resistencia, encabezada por Pozos González, y la otra fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder máximo es Nemesio Oseguera.
Tras la detención del líder de la Resistencia, el grupo delictivo continuó operando como una célula en contadas regiones del país, mientras que el CJNG se expandió y se consolidó como el más poderoso en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En seis años (2012-2018), este grupo criminal fue el que mayor crecimiento tuvo debido a la corrupción y al uso de la violencia.
Después de la captura de El “Chapo” Guzmán en el gobierno de Peña Nieto, “El Mencho” se convirtió junto con Ismael “El Mayo” Zambada (Cártel de Sinaloa) en uno de los dos narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas, según informó la entonces PGR en respuesta a una solicitud de información. Ninguno ha sido capturado y será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien tenga la tarea de detenerlos.

DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA.

 Los jóvenes estudiantes hicieron ese día lo mismo que varias generaciones antes de ellos: viajaron del pueblo de Ayotzinapa, ubicado en el estado de Guerrero y sede de una de las principales escuelas para formar a profesores rurales de México, a la ciudad de Iguala. Tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968.

Pero terminaron siendo víctimas de otra matanza. En un episodio aún confuso, durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una célula de narcotráfico local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes (e incluso otro más a bordo del cual iba un equipo de futbol).

Cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes, cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, están desaparecidos desde entonces. De allí nació una consigna que será coreada de nuevo este miércoles, a cuatro años de los hechos, junto con la lectura en voz alta de los nombres de cada uno de los jóvenes: “Vivos se los llevaron. Vivos los queremos”.

La pregunta aún irresuelta sobre el destino de los jóvenes ha convertido el caso en “un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido” en los últimos años en México, en palabras del escritor Francisco Goldman, con investigaciones atascadas por la “complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno”.

La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ya habían tomado el control de los autobuses, fueron interceptados por miembros de la policía local y por presuntos grupos armados. Estos abrieron fuego contra los jóvenes y contra los integrantes del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, que también viajaban por la zona en un autobús y que presuntamente pidieron la ayuda de militares en la zona, que habrían respondido que no era su “jurisdicción”.

Un grupo de expertos que se sirve de la arquitectura y de la tecnología para investigar casos de violaciones a los derechos humanos, Forensic Architecture, creó hace poco una plataforma que intenta hilvanar todas las historias de lo sucedido ese día.

Según el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, cuya Procuraduría General de la República (PGR) tomó cargo de la investigación unos días después, la pareja que gobernaba la ciudad de Iguala —José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa— tenía vínculos estrechos con un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos. La versión de la PGR sobre por qué la policía local abrió fuego contra los jóvenes es que la pareja gobernante pensaba que los estudiantes iban a irrumpir en un evento público y ordenó detenerlos. Varios integrantes de la policía también habrían estado involucrados con Guerreros Unidos.

Los primeros días de octubre, durante la búsqueda inicial de los jóvenes, fueron encontradas una serie de fosas comunes con supuestos restos calcinados de personas, algunas de ellas en un basurero en la localidad cercana de Cocula. La PGR aseguró en noviembre de 2014 que partes de esos restos correspondían a los estudiantes, a partir de supuestas confesiones de presuntos delincuentes. El Equipo Argentino de Antropología Forense dijo que el gobierno le entregó restos que tienen coincidencias de ADN con uno de los jóvenes, Alexánder Mora Venancio, pero se desconoce el origen de esos restos.

Sin embargo, los cuestionamientos a la versión oficial —que la PGR calificó como la “versión histórica”— y a esa investigación no han hecho más que multiplicarse.

Ante las exigencias de organismos internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas, al igual que de los representantes de las familias de los 43 estudiantes, el gobierno de Peña Nieto solicitó la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), compuesto por cinco latinoamericanos expertos en temas legales y de derechos humanos. Durante 2015, los integrantes del grupo recopilaron información de diversas fuentes sobre lo sucedido esa noche de septiembre y los días posteriores, aunque en varias ocasiones denunciaron que el gobierno no les daba acceso a sitios o a figuras que podrían tener información.

Según el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, cuya Procuraduría General de la República (PGR) tomó cargo de la investigación unos días después, la pareja que gobernaba la ciudad de Iguala —José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa— tenía vínculos estrechos con un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos. La versión de la PGR sobre por qué la policía local abrió fuego contra los jóvenes es que la pareja gobernante pensaba que los estudiantes iban a irrumpir en un evento público y ordenó detenerlos. Varios integrantes de la policía también habrían estado involucrados con Guerreros Unidos.

Los familiares de los estudiantes continúan exigiendo que se esclarezca lo que ocurrió —ya tomando en cuenta lo encontrado por el GIEI—, y a mediados de este año tuvieron un atisbo de esperanza gracias al poder judicial mexicano.

Varios de los sospechosos detenidos, cuya tortura para declarar ha sido documentada por la ONU y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentaron amparos en contra de su arresto. El caso terminó frente al Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de México, que en julio falló que toda la investigación había estado viciada y la única manera de remediarlo era empezarla de nuevo con un mecanismo inédito: una Comisión de Investigación en la que participaran tanto la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como los representantes de las familias. Aunque hubo un freno inicial a ese fallo, otro tribunal dijo esta semana que debe proceder la creación de la comisión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envió al GIEI a México hace tres años mantiene la vista sobre las investigaciones por medio de un mecanismo de seguimiento en colaboración con la oficina de la ONU en México y la CNDH. Y hay expectativas de que el GIEI pueda regresar, quizá con una composición distinta, cuando asuma el cargo el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El equipo de López Obrador ya habría expresado su visto bueno a que regresen los expertos, según Mario Patrón, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que representa a los padres.

Referencias

-Cantú, G. M. (2015). Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. En Historia de México, legado historico y pasado reciente (págs. 352-353). México: PEARSON.
-El otro fracaso de la “guerra contra el narco” de Peña y Calderón: detuvieron a 233 “objetivos prioritarios” y sólo 13 siguen en prisión. (2019, octubre 27). Recuperado 4 de junio de 2020, de https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/27/el-otro-fracaso-de-la-guerra-contra-el-narco-de-pena-y-calderon-detuvieron-a-233-objetivos-prioritarios-y-solo-13-siguen-en-prision/ 

-Caso Ayotzinapa: Los 43 estudiantes desaparecidos. (2020, febrero 16). Recuperado 4 de junio de 2020, de https://noticieros.televisa.com/especiales/ayotzinapa-caso-43-estudiantes-desaparecidos/

-Digital, M. (2019, septiembre 25). Caso Iguala: 5 años de «verdad histórica» e incertidumbre. Recuperado 4 de junio de 2020, de https://www.milenio.com/policia/caso-iguala-4-anos-historica-incertidumbre

-W. (s. f.-c). Ayotzinapa. Recuperado 4 de junio de 2020, de https://centroprodh.org.mx/casos-3/ayotzinapa/